USCA PRESENTA UN DOCUMENTAL QUE DESMIENTE LA TEORÍA DE UN ABANDONO MASIVO DE LOS CONTROLADORES EN 2010, COMO HAN RATIFICADO 20 JUZGADOS

.- Más de 600 controladores quedaron expuestos a una acusación genérica de sedición y de abandono de sus puestos de trabajo el 3 de diciembre de 2010.

.- 20 juzgados españoles han archivado las acciones penales contra los controladores al estimar que no existió abandono de los puestos. Además, el Tribunal Supremo negó la existencia de acción conjunta y concertada por parte de los trabajadores.

.- Sólo quedan abiertas las causas penales de Madrid y Baleares. El nuevo equipo directivo de USCA trabajará para que estos procesos sean archivados.

Barcelona, 19 de abril de 2016

Cinco años después de que más de 600 controladores de toda España quedaran expuestos a una acusación genérica de sedición y demonizados ante la sociedad española como responsables de que miles de viajeros quedaran atrapados en los aeropuertos al haber abandonado sus puestos de trabajo, USCA presenta un documental en el que juristas y expertos analizan las verdaderas causas del caos aéreo en diciembre de 2010.

A través de decretos y autos de fiscales y jueces que archivaron en una veintena de juzgados las diligencias penales, el documental confirma que los controladores no abandonaron sus puestos de trabajo el 3 de diciembre de 2010 y que no existió una acción concertada para ausentarse masiva y simultáneamente de los centros y torres de control, como sostuvo el Gobierno para justificar la militarización de estos profesionales y luego la declaración del estado de alarma.

Bajo el título de «Controladores aéreos 2010, la huelga que nunca existió», recoge también testimonios de juristas, políticos, representantes del mundo aeronáutico y la sociedad civil, que analizan cómo se sucedieron los hechos que llevaron a que AENA decidiera, de forma unilateral, establecer regulaciones en el espacio aéreo español desde las 15.00 horas del 3 de diciembre de 2010, antes de decretar el cierre total, el denominado RATE 0.

Entre los testimonios figura una entrevista con JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ TAÍN, JUEZ INSTRUCTOR DEL CASO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA, la primera zona del espacio aéreo que se cerró el 3 de diciembre de 2010. El juez, que en abril de 2013 dictó un primer archivo de la causa, declaró que cuando el 3 de diciembre de 2010 se cerró el espacio aéreo, en el aeropuerto de Santiago de Compostela «se estaba teniendo más servicio» de controladores aéreos «que en épocas de agosto en los que el tráfico aéreo era mucho más elevado».

También incluye los razonamientos de otros jueces y fiscales que examinaron la causa y concluyeron que no existió una acción concertada de los controladores, ni un abandono repentino, simultáneo y masivo de sus puestos de trabajo. Entre ellos, destaca el auto dictado por el Tribunal Supremo el 9 de octubre de 2014 en el que estima que sostener el argumento de que el 3 de diciembre de 2010 existió «una actuación única y conjunta» de los controladores aéreos es «una conclusión aventurada y carente de todo soporte probatorio».

En su entrevista, el PRESIDENTE DE USCA, PEDRO GRAGERA explica que los problemas de jornada, que había sido modificada por el Ministerio de Fomento a través de varias Leyes y Decretos en 2010, fueron el motivo del cierre del espacio aéreo., ya que «se quedaban sin horas».

Desde el mundo político, GÁSPAR LLAMAZARES, DIPUTADO DE IU, habla del desencadenante de los hechos que provocaron el caos y que dejaron a miles de personas atrapadas en los aeropuertos en el inicio del Puente de la Constitución de 2010. Llamazares, rememora que el conflicto «empezó con un gran prejuicio (basado en una profesión de privilegio, sin tener en cuenta las causas de esa situación), siguió con una escalada autoritaria por parte del Ministerio de Fomento, al margen del Convenio, luego con el cierre general del espacio aéreo, la militarización y terminó en un verdadero despropósito». Además, el entonces portavoz de IU en el Congreso de los Diputados manifiesta que lo que se pretendió fue instaurar la figura del «controlador basura«.

Una de las voces del colectivo que incluye el documental es la de FERNANDO DE PABLOS: CONTROLADOR DEL ACC DE MADRID Y UNO DE LOS SUPERVISORES DE SERVICIO EL 3 DE DICIEMBRE DE 2010. El controlador recuerda que el día 3 de diciembre de 2010 «la gente estaba trabajando normal y corriente, hasta que un poco más tarde de las 16 horas me llaman de la oficina del Jefe de Sala. Allí estaba también el Jefe de División, Antonio Almodóvar y el Director Regional, Gabriel Novelles, que me dicen que gradualmente se va a ir regulando hasta llegar al Rate O. Nos quedamos extrañados, pero era el máximo jefe el que nos los estaba diciendo». Explica que los controladores siguieron trabajando, «nadie abandonó ni se desenchufó» y a «las 17.10 de la tarde, Almodóvar me dijo a mí, como responsable del TMA: a partir de ahora Rate 0, que no despegue nadie de Barajas. Y seguimos trabajando«.

Esta afirmación es ratificada por JAVIER GÓMEZ BARRERO, PRESIDENTE DE SEPLA, que asegura que los testimonios de los pilotos afiliados que recibieron aquella tarde confirmaban que los aviones, que estaban volando, recibían servicio de control aéreo «con toda garantía de seguridad» y que los vuelos «de larga distancia continuaron hacia su destino sin más incidentes. Se les proporcionó el servicio de control establecido e, incluso, la duración del vuelo fue menor porque había menos aviones».

Según DIEGO SALMERÓN, ABOGADO DE USCA el sistema Palestra, un registro automatizado de los servicios de control aéreo, también desmiente la versión de AENA de un supuesto abandono súbito y masivo de controladores aéreos. El letrado de los controladores destaca que, cuando se produjo el cierre del espacio aéreo, en el centro de control de Madrid había «55 controladores presentes, operativos y trabajando«.

El abogado subraya que hay una veintena de juzgados en los que se ha decretado el archivo de las causas penales abiertas y que confirman que «el polémico abandono del que se acusaba a los controladores no se produjo en ningún momento«.

EL PORTAVOZ DEL COLEGIO DE PILOTOS (COPAC), RICARDO HUERCIO analiza los riesgos que la seguridad aérea vivió en España en la tarde del 3 de diciembre de 2010. Destaca que «la seguridad se basa en la confianza para que podamos llevar a cabo nuestro trabajo. No podemos decir que se tuviera como objetivo salvaguardar la seguridad en ese día. La seguridad se ve amenazada porque no es amiga de contingencias.

En el seno del colectivo de controladores también han dejado sus testimonios CÉSAR CABO, EX PORTAVOZ DE USCA e IGNACIO BACA, CONTROLADORES DEL ACC DE MADRID.

Ambos sostienen que sus imputaciones en la causa abierta en la capital se debe a «una casualidad» o a motivos ajenos al supuesto abandono del puesto de trabajo». Cabo recuerda que que no estaba trabajando, que se encontraba de vacaciones y que su imputación se produjo sólo por su condición de portavoz del sindicato que ocupaba en 2010.

Por su parte, Ignacio Baca tenía turno de mañana el 3 de diciembre de 2010 y resultó imputado por haber cambiado el servicio ante el temor de no llegar a tiempo en su regreso de un viaje por motivos de trabajo a Bruselas.

Además, MARCO ANTONIO ENRÍQUEZ, CONTROLADOR DESPEDIDO por los sucesos de 2010, señala que, 6 años después, todavía no logra entender «cómo puede ser que alguien que se limita a cumplir una Ley sancionada por el parlamento español, sea despedido por cumplirla. No me entra en la cabeza. Es una cosa que es absurda».

El testimonio de PILAR VERA, PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE VÍCTIMAS DE ACCIDENTES AÉREOS Y FAMILIAS (FAVAAF) se centra en las causas del conflicto, que, asegura, «fueron una guerra económica para abaratar costes«, al recordar que «había ya un proyecto de privatización de AENA. Había que rebajar costes y el colectivo más caro era el de los controladores». Además, Vera expresa su preocupación por «las secuelas que dejó esa guerra en el colectivo de profesionales».

61 SANCIONES IMPUESTAS EN EL ACC DE BARCELONA

En la actualidad, en los Juzgados de lo Social de Barcelona se vienen celebrando juicios por los recursos presentados por los controladores contra las 61 sanciones que ENAIRE abrió en el ACC de Barcelona en marzo de 2015 por el cierre del espacio aéreo en 2010. Una vez más, la justicia está dando la razón a los controladores

USCA considera que esta decisión de ENAIRE resulta especialmente incomprensible cuando las diligencias judiciales llevadas a cabo en veinte juzgados de toda España han concluido de forma contundente que no existió desobediencia ni abandono por parte de los controladores.

En el terreno judicial, permanecen abiertas dos causas penales contra los controladores en Baleares y Madrid. En Palma de Mallorca, la Audiencia Provincial ha reabierto la causa centrando las nuevas diligencias en aspectos médicos. En Madrid, la Audiencia Provincial tiene que resolver el escrito de apelación interpuesto por la defensa de los controladores sobre el auto de transformación del Juez en el que propone la imputación de 120 trabajadores del Centro de Control de Madrid y de la torre del aeropuerto de Barajas.

USCA confía en que estos dos procesos tengan el mismo desenlace que en los otros 20 juzgados españoles, eximiendo de responsabilidad a los controladores aéreos, al ser iguales los hechos juzgados.

El sindicato mantiene su disposición a trabajar para que se cumpla su propósito y ese es uno de los principales objetivos que tiene ante sí el nuevo equipo directivo de USCA, que bajo la presidencia de Pedro Gragera ha tomado posesión de sus cargos este mes de abril.

ANEXO
AMPLIACIÓN DE LOS TESTIMONIOS RECOGIDOS EN EL DOCUMENTAL Y EXTRACTOS DE AUTOS Y DECRETOS EMITIDOS

(Los medios interesados en los testimonios contenidos en este documental pueden solicitarlos a través del Departamento de Comunicación de USCA)

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