.- Cuatro años después del cierre del espacio aéreo por parte de AENA, tan sólo se mantienen abiertas las causas en Madrid y Baleares.
.- El Tribunal Supremo asegura que “no hubo una actuación conjunta y concertada” de los controladores aéreos.
Madrid, 19 de diciembre de 2014
Cuando se cumplen 4 años del cierre del espacio aéreo, 20 juzgados de toda España han dado la razón a los controladores. En la actualidad, tan sólo son dos los casos pendientes: Madrid y Baleares.
En las últimas semanas, tres instancias judiciales han archivado o sobreseído las causas abiertas contra los controladores: las Audiencias Provinciales de Coruña y Gran Canaria y el Juzgado nº7 de Gavà (Barcelona). 
En el auto emitido ayer, 18 de diciembre, la Audiencia Provincial de A Coruña confirma el sobreseimiento y archivo de la causa contra los controladores de Santiago de Compostela y dictamina que no cabe recurso alguno contra el mismo.
Este auto ratifica el de archivo del juez Vázquez Taín (de fecha 8-1-2014), que desmontaba la mentira de AENA cuando afirmó que en Santiago se inició una rebelión que, posteriormente, se extendió al resto de las dependencias de control españolas. El auto de Vázquez Taín confirmaba lo que USCA ha defendido desde el primer momento, al asegurar el Juez que » el espacio aéreo no se cerró por falta de controladores, sino por una decisión de AENA que impone el Rate 0”.
En este sentido, la Audiencia de A Coruña destaca que el propio recurrente del auto de Taín reconoce en su apelación que “efectivamente queda acreditado y no es controvertido que AENA es la única facultada para imponer el Rate 0”. Además, insiste en que “las alegaciones del recurrente en cuanto a la existencia de un concierto previo entre los controladores de Santiago y los del resto de España para provocar el cierre del espacio aéreo español carecen de prueba” y recuerda que “en otros lugares de España se han archivado las diligencias abiertas al no haberse acreditado el abandono por parte de los controladores”.
El martes de la pasada semana (9 de diciembre ) el Juzgado nº7 de Gavà dictó auto de sobreseimiento del proceso contra los controladores del Centro de Control de Barcelona. Previamente a este auto, el pasado marzo, el mismo juzgado se inhibió del caso a favor del Juzgado de Madrid, hecho que fue rechazado por el juez madrileño. Ante esta situación, la cuestión pasó a la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo, que declinó la acumulación de ambas causas al argumentar que “no hubo una actuación conjunta y concertada de todos [los controladores]”, y asegurar que la concertación “es una conclusión aventurada y carente de todo soporte probatorio”.
Por su parte, la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria dictó el pasado 12 de diciembre un auto en el que confirma el sobreseimiento y el archivo de las diligencias abiertas en el Jugado nº1 de Telde.
Al desestimar el recurso presentado contra el archivo de esta causa, la Audiencia canaria argumenta que «hemos de huir de cualquier intento de postergar los criterios estrictamente jurídicos en favor de criterios de oportunidad o incluso si se quiere de populismo”.
En cuanto a las dos causas abiertas, en Palma de Mallorca, el Juzgado de Instrucción nº1 decretó el pasado febrero el sobreseimiento libre. La Audiencia Provincial ha reabierto la causa centrando las nuevas diligencias en aspectos médicos. USCA está convencida de que tras las nuevas pruebas periciales realizadas, los forenses ratificarán que el proceder de los médicos de AENA fue el adecuado.
En Madrid, la Audiencia Provincial tiene que resolver sobre los escritos de apelación presentados por el Ministerio Fiscal, por la defensa de los controladores y por las distintas acusaciones sobre el auto del transformación del Juez en el que propone la imputación de 120 controladores del Centro de Control de Madrid y de la torre del aeropuerto de Barajas.
USCA confía en que los procesos en Palma de Mallorca y Madrid tengan el mismo desenlace que en los otros 20 juzgados españoles, eximiendo de responsabilidad a los controladores aéreos, al ser iguales los hechos juzgados, ya que, como menciona el auto de Santiago, ratificado por la Audiencia Provincial de A Coruña, en relación al cierre del espacio aéreo: «estamos ante una decisión política de quien tenía competencia para ello”.
