«Caza al controlador»
Puede que el titular de este artículo no sea el más adecuado, pero he de advertir que esas palabras forman parte de un documento de cuatro páginas que llegó a mis manos en noviembre de 2010, en plena imposición de un nuevo marco laboral a la profesión de controlador aéreo. Cuatro páginas, calificadas como «confidencial» por un autor anónimo, para explicar el «Quién es quien en la caza al controlador» –así se titulaba–. Fotografías de 19 personas y un breve currículo inventado por el susodicho autor, que en lugar de informar se limitaba a insultar con ironía.
El primero en la lista era José Blanco, el que fuera ministro de Fomento de José Luis Rodríguez Zapatero y la persona que se sacó de la manga una nueva regulación sobre la prestación de servicios de tránsito aéreo, además de fijar las condiciones laborales de los controladores a golpe de Real Decreto-ley.
«Empezó Derecho, pero no lo terminó. Nunca ha trabajado, ha sido siempre ficha del partido. Hábil manipulador. Ideólogo del presidente, vicesecretario general del PSOE. Ultimamente, muy en sintonía con Esperanza Aguirre». Así definía el citado documento a José Blanco.
Otro rostro conocido de esa lista era la actual secretaria general de Transportes de Ana Pastor y antigua directora de Navegación Aérea de Aena con Blanco, Carmen Librero. «Hueso duro de roer, apreciada como ‘el azote de los controladores’ entre algunos pilotos, las asociaciones de compañías aéreas y Fomento. Se juega su carrera (o sube o baja con esta campaña). Se rumorea que se presentó dos veces a control y la suspendieron», decía su currículo.
La sorpresa es que la que escribe también aparecía entre el equipo de personas que, supuestamente, iban a «la caza del controlador». Digo ‘sorpresa’ porque nunca pensé que hacer periodismo fuera perseguir a nadie. Pero, reproches aparte, he de corroborar el titular de este artículo: hubo una persecución en toda regla contra los controladores aéreos. Se usó a este colectivo como diana de una medida populista que tuvo éxito y consiguió convertir a estos profesionales en ‘apestados’ para la opinión pública.
Han tenido que pasar casi tres años desde entonces, con un cierre del espacio aéreo de por medio y 43 días de estado de alarma en España, para que, al menos, una parte de la Justicia dé la razón a este colectivo. Antonio Roma Valdes, fiscal de Santiago de Compostela, remitió, el pasado 11 de abril, un escrito al Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago pidiendo que se desista de las actuaciones contra los controladores por el caos aéreo de los días 3 y 4 de diciembre de 2010.
«No consta acreditada la relación de causalidad entre las ausencias de los controladores aéreos imputados, con el cierre de este servicio público», reconoce el fiscal en ese escrito en relación a la interrupción del espacio español durante cerca de 24 horas. El juez Vázquez-Taín archivó la causa en Santiago. Le siguieron un juzgado en Telde, que cerró el caso en Canarias, y otro en Gerona.
No obstante, el pasado 17 abril, la Audiencia Nacional dio un vuelco al asunto y volvió a apuntar a los controladores como los causantes de aquel caos. Esta otra parte de la Justicia exculpó a la empresa pública Aena de todo mal, considerando que se vio «ante una situación imprevisible, insuperable e irresistible a corto y medio plazo».
Opiniones aparte, esa ‘caza al controlador’ ha dado un giro de 180 grados y se ha convertido en una ‘caza a los culpables’. La Justicia española es muy lenta, pero siempre llega cuando menos lo esperas, sino que le pregunten a Iñaki Urgangarín y a la hija menor del Rey. Por no hablar de Blanco y su presunta implicación en un caso de concesión de subvenciones irregulares a cambio de comisiones a cargos públicos (caso Campeón). La Justicia también llegará a los auténticos responsables del estado de alarma que mantuvo en vilo a España durante un mes y medio. Es cuestión de paciencia.
