Los aeropuertos españoles vivieron en el puente de la Constitución de 2010 un caos que desembocó en la declaración por parte del Gobierno del estado de alarma y la militarización de los servicios de control aéreo. El Gobierno culpó entonces del conflicto a los controladores aéreos y más de cuatrocientos profesionales fueron encausados por sedición en los tribunales. En los cinco años transcurridos desde entonces, una veintena de juzgados han ido archivando una por una las causas que pesaban sobre los controladores aéreos. Jueces y fiscales han descrito en sus autos y escritos de archivo un escenario muy distinto al que trasladó a la opinión pública el Gobierno de Rodríguez Zapatero y el ministro Blanco, arrojando luz sobre las verdaderas causas del conflicto: una política errática y un conjunto de decisiones normativas que en realidad encaminaban a los aeropuertos hacia un estrangulamiento de los servicios de control aéreo por errores de planificación y grave insolvencia en la gestión del Ministerio de Fomento, deliberadamente ocultada ante los ciudadanos.
Cinco años después, los responsables políticos del caos ya han sido desplazados por los ciudadanos. Pero los controladores aéreos españoles, cuyo papel en esencial para la salvaguarda de la seguridad del tráfico aéreo, todavía siguen enfrentados a las graves secuelas que dejó tras de sí el conflicto de 2010, que aún golpea a más de cien profesionales que permanecen encausados en Madrid y en Palma de Mallorca y a todos los expedientados, sancionados e incluso despedidos como consecuencia de aquellos graves episodios, rematados por una estrategia igualmente deliberada de criminalización de este colectivo ante los ciudadanos por parte del anterior Gobierno.
Sesenta meses después, USCA acoge en su página web este Dosier #Controladores2010, un trabajo de documentación en doble soporte digital y audiovisual que profundiza en los hechos y circunstancias que precedieron al grave conflicto de 2010, las alertas de insuficiencia y/o colapso de los servicios por mala planificación que los controladores aéreos hicieron llegar sin éxito a las autoridades políticas de entonces y todos los datos esenciales para comprender el conflicto que el Gobierno ocultó a los ciudadanos antes de asestar el golpe definitivo con la declaración del estado de alarma y la suspensión efectiva de derechos constitucionales.
