El tribunal catalán ha declarado así la firmeza del auto que dictó el pasado 9 de diciembre en el que resolvía el sobreseimiento provisional de la causa, al desestimar la responsabilidad de los controladores aéreos en los hechos juzgados.
Previamente, a instancias de este mismo Juzgado se suscitó una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo, que declinó la acumulación de las causas de Barcelona y Madrid en el Juzgado de la capital por considerar que «no hubo una actuación conjunta y concertada de todos [los controladores]» y asegurar que la concertación «es una conclusión aventurada y carente de todo soporte probatorio».
Cuatro años después del cierre del espacio aéreo, 20 juzgados de toda España han dado la razón a los controladores y han sobreseído o cerrado las causas abiertas.
En cuanto a los casos abiertos, en Palma de Mallorca el Juzgado de Instrucción nº1 decretó el pasado febrero el sobreseimiento libre. La Audiencia Provincial reabrió la causa centrando las nuevas diligencias en aspectos médicos.
En Madrid, la Audiencia Provincial tiene que resolver sobre los escritos de apelación presentados por el Ministerio Fiscal, por la defensa de los controladores y por las distintas acusaciones sobre el auto del transformación del Juez, en el que mantiene la imputación de 120 controladores del Centro de Control de Madrid y de la torre del aeropuerto de Barajas.
USCA confía en que los procesos en Palma de Mallorca y Madrid tengan el mismo desenlace que en los otros 20 juzgados españoles.
El sindicato (que representa a un 95% de los 2.400 controladores aéreos españoles) considera que el origen del cierre del espacio aéreo es el mismo en todas las causas y recuerda que el auto de archivo del caso en Santiago de Compostela, ratificado por la Audiencia Provincial de A Coruña, al referirse al cierre del espacio aéreo argumentó que: «estamos ante una decisión política de quien tenía competencia para ello».