SAERCO y AENA llevan a las torres de control liberalizadas a un callejón sin salida
La cada vez más evidente incompetencia de SAERCO y la negligencia de AENA están conduciendo a las torres de control liberalizadas a una situación límite ante la que, a juicio de USCA, el Estado debería intervenir para garantizar la continuidad de un servicio de control aéreo fiable y seguro.
Después de años de negociación, constantemente bloqueada por la posición inamovible de SAERCO, y de una huelga que duró diecisiete meses, los sindicatos USCA y CCOO aceptaron someterse a un arbitraje externo, que emitió un laudo de obligado cumplimiento.
A pesar de que el árbitro había sido designado por la propia SAERCO, ésta decidió impugnarlo judicialmente y convocó a los sindicatos a consultas para imponerles una MSCT (Modificación Sustancial de las Condiciones de Trabajo), que supone una rebaja en los salarios y un empeoramiento de las expectativas de progresión profesional de los controladores de esta empresa.
La incesante devaluación de las condiciones salariales y laborales de los controladores de las torres privatizadas provoca la continua salida de estos trabajadores hacia otros proveedores y la entrada de nuevo personal menos experimentado, lo cual redunda en la calidad del servicio y puede terminar afectando a la seguridad aérea.
La visión exclusivamente economicista que AENA (que en 2024 obtuvo unos beneficios de 1.934,2 millones de euros) tiene del control aéreo, aceptando licitaciones con unas condiciones leoninas, unida a la incompetencia de los responsables de SAERCO, ha derivado en una progresiva devaluación del servicio en las torres liberalizadas, una situación ante la cual el Estado no puede ponerse de perfil.
USCA aboga por revertir la situación de estas torres, de forma que todas las dependencias de control aéreo de España vuelvan a ser de titularidad pública, tal y como ya ha sucedido en otros países. Es el caso, por ejemplo, de la torre del aeropuerto londinense de Gatwick, en la que también quedó patente el fiasco de la privatización, por lo que vuelve a estar en manos de NATS, empresa participada por el Estado.
